Editorial
Las estadísticas arrojadas por el primer corte de información recabada por la iniciativa civil No Más Abusos dan cuenta de que hemos llegado a un estado de emergencia en relación a las violaciones de derechos humanos por parte de militares en nuestro país. Cabe aclarar que los datos presentados en esta entrega del Boletín No más Abusos sólo representan un porcentaje parcial del universo de víctimas de abusos militares a lo largo y ancho del país.
Para darnos una idea del tamaño
de la problemática que estamos abordando, cabe recordar que la Sedena dio a
conocer que son por lo menos 934 las quejas que le han sido notificadas en su
contra hasta julio de 2009, en las que se dijeron afectados por lo menos 888
civiles, dentro de un total de más de 2000 quejas en lo que va del sexenio.[1] En Chihuahua, organismos locales informan
haber recibido más de 700 quejas contra actos cometidos en el Operativo Conjunto
Juárez,[2]
mientras en Michoacán
Este panorama nos deja ver un
patrón de incremento en los abusos militares contra civiles. Para dimensionar
este dato cerramos esta editorial mostrando una gráfica que muestra la
evolución que han tenido las quejas presentadas ante
Gráfica 1
Año, número de quejas y porcentaje.
La
iniciativa civil No Más Abusos:
Información para invitar a la documentación
En virtud de que este es el primer número de nuestro boletín y que se trata de un proyecto abierto que pretende involucrar a organismos defensores y promotores de los derechos humanos en diversas partes de la república, la información que presentamos para este corte corresponde a datos que fueron publicados por diversos medios de información de todo el país. Dichos datos han sido acopiados y sistematizados por el equipo impulsor del proyecto y constituyen una muestra representativa de casos de abusos militares contra civiles a lo largo del primer semestre del año. Cabe aclarar que este proyecto no es una mera ocurrencia, pues constituye un seguimiento a trabajos similares que las organizaciones impulsoras del proyecto han hecho públicos de manera constante durante el actual sexenio. Tampoco pretende confrontar a las fuerzas armadas de nuestro país, sino aportar datos ciertos y concretos que nos den una perspectiva clara de las implicaciones que tiene la participación militar en labores de seguridad pública.
Casos, afectados y muertos.
Durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2009 pudimos encontrar un total de 82 casos de abusos militares
documentados por medios de comunicación tanto nacionales como estatales. En
estos casos encontramos un mínimo de 387
personas afectadas por los hechos registrados, sin embargo cabe señalar que
en 13 casos se vieron afectados grupos amplios de víctimas que no se pueden
contabilizar a ciencia cierta (por ejemplo, una comunidad indígena entera),
aumentando la cifra real de afectados. En distinta medida cada una de estas
personas fue víctima de violaciones a sus derechos humanos por parte de
elementos militares que están capacitados para confrontar y aniquilar enemigos
y no para resguardar el orden manteniendo la proporcionalidad de su acción. Debemos
recordar que inclusive existe un derecho específico para el abordaje de los
conflictos militares, que es el Derecho Internacional Humanitario. El hecho de
que los militares mexicanos tengan algunas capacitaciones en derechos humanos,
o incluso que hayan firmado un acuerdo con el representante de
Gráfica 2
Casos, afectados y muertos.
Características de las víctimas y tipo de abuso
Todas y todos los que se vieron privados sin justificación de su libertad, su integridad física o sexual, su privacidad, su dignidad, incluso de su vida o de sus seres más queridos, son víctimas no solamente de los actos de los elementos militares que los agredieron. Son víctimas del rechazo cada vez más abierto y contundente por parte de los tres poderes del Estado a reconocer, respetar y proteger los derechos humanos. Son víctimas de una guerra declarada que no ha acabado con el narcotráfico pero que sí podría terminar con los valores de cualquier sociedad democrática: la justicia, el estado democrático de derecho y el acceso a la verdad.
Esto puede constatarse cuando vemos cuáles son las características de las víctimas, así como los tipos de abusos a que se vieron sometidas. Cabe señalar que para caracterizar a las víctimas de abusos militares durante este periodo, no estamos contabilizando el número de personas afectadas (como hicimos en el caso de víctimas totales, arriba descrito), sino el número de situaciones en que se vieron involucradas las categorías de víctimas que se desglosan a continuación.
Gráfica 3
Número de situaciones en las que se vieron
involucradas los distintos grupos de víctimas.
(Los porcentajes no suman 100% porque en
un mismo caso
se pueden ver afectados distintos tipos de víctimas)
Como podemos observar, en la mayor parte de los casos las víctimas son hombres (52 situaciones, 63% de los casos), lo cual es claramente comprensible si vemos el patrón de actuación de los militares durante los operativos, en donde los sospechosos no son definidos por una investigación o algún otro medio legal, sino por la “intuición” de los mandos, o de los mismos soldados, misma que suele estar determinada a su vez por los prejuicios impuestos por una sociedad patriarcal y machista. A pesar de lo anterior, las mujeres son el segundo grupo afectado (26 situaciones, 32%). Llama la atención especialmente el hecho de que el tercer grupo afectado sea el de los menores de edad (15 situaciones, 18%), incluso por encima de sectores tradicionalmente más afectados en este tipo de situaciones como los jóvenes (8 situaciones, 10%), los periodistas (2 situaciones, 2.5%) o los indígenas (2 situaciones, 2.5%), aunque parte de este contraste entre los casos reportados podría deberse a la diferencia en el nivel de interés y acceso de los medios a los datos sobre los abusos, lo cual no necesariamente representa los niveles de abusos en contra de dichos grupos en la vida cotidiana. Cabe destacar que los funcionarios públicos (5 situaciones, 6 %) no escaparon a los abusos militares.
En cuanto a los tipos de abuso que detectamos a partir de los casos documentados, realizamos una sistematización similar en la que detectamos el número de situaciones en las que se presentó cada tipo de abuso. Como en cada caso documentado puede presentarse más de un tipo de abuso, la suma del tipo de abusos no corresponde con el total de casos. La única excepción es la de las desapariciones forzadas, en donde contabilizamos el número de personas y no las situaciones por causas evidentes.
Gráfica 4
Número de situaciones en las que se presentaron
los distintos tipos de abusos registrados en el periodo.
Podemos observar que el abuso más frecuente es la irrupción a vivienda / cateo ilegal (41 situaciones). Casi todos los casos refieren historias de familias que dormitaban en su domicilio cuando de pronto escucharon el estruendo de un allanamiento antes de verse sometidos por la presencia amenazante de militares, normalmente con la cara cubierta, realizando un uso no proporcional de armas largas enfrente de familias completas. Muchos de estos casos derivaron en el segundo tipo de abuso más frecuente, la agresión física / tortura (31 situaciones) que se presenta cuando al no poseer elementos investigativos que sustenten sus acciones, los militares comienzan a hacer uso de la fuerza para tratar de arrancar confesiones a las víctimas con preguntas vagas como ¿dónde están las drogas? ¿dónde están las armas?, normalmente acompañados de amenazas (14 situaciones).
El cuarto tipo de abusos más frecuente es la detención arbitraria (20 situaciones), misma que además presenta el agravante de que en muchas ocasiones la víctima es trasladada a instalaciones militares donde es interrogada. En el caso de 13 personas esta detención ha derivado en desaparición forzada. También fueron registradas 11 situaciones en las que hubo un ataque con arma de fuego.
Abusos por Estado y Tipo de zona o lugar
Cuando Felipe Calderón afirmó
durante
Gráfica 5
Cantidad y porcentaje de abusos militares por Estado.
Cómo se puede observar con toda
claridad el Estado en donde se han
reportado más abusos es en donde el Ejército tiene una presencia más numerosa:
Chihuahua, con 13 casos que son el 16% del total. En segundo lugar, con 11 casos y 13% del total, empata una entidad donde históricamente ha
habido una presencia excesiva del ejército, como es Guerrero, con otra donde se logró que algunos militares que
abusaron de unas mujeres fueran llevados al fuero civil: Coahuila. Tamaulipas (8
casos, 10%), Oaxaca (6 casos, 7%) y Michoacán (4 casos, 5%), son los que
siguen dentro de este conteo. Vale
la pena recordar que los casos a los que nos referimos son aquellos relatados
individualmente por la prensa, por lo que puede haber una subrepresentación de
Michoacán, pues como se mencionó antes[5] tan
sólo en ese Estado durante un periodo similar al del presente recuento, se
contabilizaron por
Gráfica 6
Abusos militares por tipo de lugar en donde ocurren.
En cuanto al tipo de lugar en donde ocurren los abusos observamos que la mayor parte de los abusos se han cometido en zonas urbanas (57 casos, 69%), lo que coincide con una presencia creciente en dichos espacios por parte de militares, en sustitución de cuerpos policiales. Las zonas rurales (12 casos, 15%) tampoco se han librado de los abusos. Sin embargo, llama especialmente la atención que existan al menos 2 casos (2%) en los que los abusos se dieron en instalaciones militares urbanas.
Evolución cronológica de los casos
De entrada se puede inferirse un patrón de crecimiento en los casos si tomamos en cuenta que un informe similar a éste, elaborado por el Centro Prodh, encontró al menos 120 denuncias de abusos militares en medios de comunicación para todo el 2008. En este caso para un periodo de 7 meses del 2009 hemos encontrado al menos 82 casos. Sin embargo, no sólo resulta preocupante el patrón incremental de los abusos, sino que este se refleja también en la evolución cronológica del estudio. Para explicar más claramente esto veamos la siguiente gráfica.
Gráfica 7
Evolución cronológica de los abusos (mensual).
Como se puede ver no existe una tendencia absoluta en cuanto al aumento mensual de casos, pero si vemos la tendencia bimestral es claro el incremento que responde al mismo patrón que se ha dado desde que inició el actual sexenio.
Gráfica 8
Evolución cronológica de los abusos (bimestral).
Vistos estos datos parece difícil
de sostener la posición del gobierno federal en el sentido de que existe un
cumplimiento “escrupuloso” de los derechos humanos, en el marco de los
operativos contra el narcotráfico, como ha afirmado el mismo Felipe Calderón y
distintos funcionarios públicos al ser cuestionados por los abusos. Lamentablemente
el Estado mexicano parece incapaz de poner un alto a esta situación. Inclusive
la misma Suprema Corte de Justicia de
Cabe recordar que durante el
Examen Periódico Universal al que fue sujeto México durante el primer semestre
del año en el Consejo de Derechos Humanos de
El contexto
de los abusos
El presente momento, en el cual se cristaliza una coyuntura de abusos generalizados, falta de rendición de cuentas y desinformación oficial, nos enfrenta con la urgente necesidad de examinar cómo es que llegó el país a esta situación tan grave y a dónde nos lleva este camino de guerra que el gobierno plantea frente a nosotros. En esta tarea, nos ayuda echar una mirada a las experiencias tanto de las décadas pasadas en México como de otros países de América Latina en el tema.
Felipe Calderón no es el primer
mandatario en desplegar a las fuerzas armadas como respuesta al
narcotráfico. Desde
Por otro lado, son cada vez más
las comparaciones hechas entre México y Colombia, país en el cual se destaca
tanta la fumigación como la militarización como respuestas al problema del
narcotráfico. A lo largo de la década
pasada, los Estados Unidos han canalizado miles de millones de dólares en apoyo
a las fuerzas de seguridad colombianas bajo el rubro del Plan Colombia. Al día de hoy, la estrategia del Plan
Colombia no ha logrado disminuir el cultivo de cocaína en del país. En cambio, ha arrojado un saldo enorme de
violaciones a los derechos humanos.
Por cuanto hace la rendición de cuentas por abusos militares, en cada vez más países el problema de la impunidad generada por la aplicación del fuero militar a los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos ha llevado a las cortes constitucionales a acotar el alcance de dicho fuero. Así ha pasado en países como Colombia, Perú y Bolivia, entre otros.
Las experiencias mencionadas nos lleva a la conclusión de que la militarización como respuesta al narcotráfico ha fallado una y otra vez tanto en México como en otros países; que en cambio el despliegue de los elementos castrenses a las calles conlleva un aumento en violaciones a los derechos de la población civil; y finalmente que la rendición de cuentas por los abusos militares requiere del reconocimiento de la competencia de los tribunales civiles, no militares, para conocer de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. En cambio, el gobierno mexicano, desconociendo las lecciones mencionadas, sigue sacando adelante una estrategia basada en el uso de la fuerza y la militarización como repuesta a la inseguridad.
El tema aun más grave son los crecientes abusos cometidos por militares que se mantienen en la impunidad, reflejados en las estadísticas aquí presentadas, pues por todos lados los ramos y entidades gubernamentales muestran su rechazo al tema y en vez de actuar para garantizar los derechos de la población, se niegan no solamente a cumplir con sus obligaciones en el tema, sino a reconocer la verdad de lo que está pasando en México hoy.
El Poder Legislativo ha demostrado una falta de voluntad política para avanzar en temas de derechos humanos o poner controles civiles a las fuerzas armadas. Ninguna de las iniciativas legislativas para acotar los alcances del fuero militar –entre las cuales se destaca la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos propuesta por una coalición amplia de organizaciones de la sociedad civil y académicos- ha prosperado a la fecha.
Por otro lado,
Mientras tanto, el Ejecutivo se ha lanzado con toda fuerza en apoyo al Ejército, defendiendo con argumentos falsos el fuero militar ante instancias como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha rechazado abiertamente las recomendaciones tanto de otros Estados como de numerosos órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos para que se acoten el fuero militar a los límites permitidos bajo el derecho internacional.
Incluso, ante cuestionamientos en torno a la situación de los derechos humanos y la impunidad vigente en los casos de abusos militares, Felipe Calderón recientemente planteó la duda de que existiera una sola violación a los derechos humanos, cometida por elementos militares, que haya quedado en la impunidad. A pesar de las miles de quejas ante la CNDH y las 39 recomendaciones emitidas por esa entidad[10] en lo que va del sexenio,[11] sin mencionar los numerosos casos de alto perfil documentados y defendidos por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, Calderón retó a la sociedad civil a que demuestre que exista “un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que no hayan respondido las autoridades para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías o sean soldados.”[12]
Es así que la actual falta de contrapesos al Ejecutivo permite que las fuerzas armadas y la administración calderonista hagan afirmaciones que nieguen la verdad más básica de la militarización: la existencia de las violaciones a los derechos humanos. Si nadie actúa para contrarrestar esta tendencia de negar un hecho cotidiano, generalizado, documentado y demostrado una y otra vez a lo largo y ancho del país, muy pronto es posible que pasemos a un panorama nacional aun más alarmante que el actual: un Estado en el cual la verdad no se define por los hechos y no depende de la realidad, sino que se pierde entre declaraciones oficiales, por engañosas que sean, que buscan hacer a la población cerrar los ojos frente a las graves violaciones a los derechos humanos de sus pares.
Es por todo lo anterior que ahora más que nunca le toca a la sociedad civil responder al discurso oficial con la verdad: con los hechos, la documentación de casos, los testimonios de las víctimas y con las estadísticas recabadas a partir de los hechos al nivel nacional y estatal que dan cuenta del panorama de los abusos cometidos en el marco de los operativos de seguridad pública. Hasta que el Estado se muestre capaz de reconocer la gravedad de la situación y responder poniendo fin a la impunidad, serán necesarias iniciativas civiles como la presente, acciones conjuntas para fortalecer la capacidad de la sociedad para demandar un país de respeto por las garantías fundamentales, del estado de derecho conforme a las obligaciones libremente contraídas por el Estado en materia de derechos humanos. Por un país de no más abusos.